Mientras en otros países la transición hacia la movilidad eléctrica va a toda velocidad, en España va a paso de tortuga. Este país es uno de los que menor cuota de mercado tiene en lo que se refiere a coches eléctricos.
Y aunque son varios los factores que influyen en ello, hay uno que destaca por encima de los demás. Estamos hablando de la infraestructura de puntos de carga.
Mientras en otros países los puntos de recarga son abundantes y funcionan correctamente en casi su totalidad, en España la red es muy pobre. Hay pocos puntos de recarga.
Y no solo eso. En muchas ocasiones no funcionan correctamente o los han arrancado. Algo que tiene a muchos consumidores evitando pasarse a la movilidad eléctrica.
Este problema, sin embargo, está cerca de llegar a su fin. España dejará de estar a la cola de la Unión Europea en lo que a puntos de carga se refiere. Solo en Hungría están peor que en el territorio español.
Esto es porque recientemente se ha aprobado el Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR) en la Unión Europea. Es el paso final en la legislación sobre los coches eléctricos que se puso en marcha en julio de 2021.
Dicha normativa exigirá a los países miembros que integren cargadores rápidos cada 60 km (196850.4 feet) como máximo a partir de 2026. Es decir, no solo tendremos más cargadores, sino que permitirán cargar el coche lo más rápido posible.
Esta medida no solo busca optimizar la cuota de coches eléctricos particulares. También pretende fomentar el uso de camiones eléctricos para el transporte.
“La nueva ley es un hito de nuestra política ‘Fit for 55’ que proporciona una mayor capacidad de recarga pública en las calles de las ciudades y en las autopistas de toda Europa.
Somos optimistas de que, en un futuro próximo, los ciudadanos podrán cargar sus coches eléctricos tan fácilmente como lo hacen hoy en las gasolineras tradicionales”, señaló Raquel Sánchez, ministra de Transporte y Movilidad durante este semestre.
Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. A partir de 2025, será necesario implementar estaciones de recarga rápida con una potencia mínima de 150 kW cada 60 kilómetros a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE-T).
Electromovilidad para vehículos pesados. A partir de 2025, se requerirá la instalación de puntos de carga con una potencia mínima de 350 kW cada 60 kilómetros en la red principal de la RTE-T, y cada 100 kilómetros en la red integral de la RTE-T. Para 2030, se deberá lograr una cobertura completa de la red.
Asimismo, se establecerán estaciones de recarga en áreas de estacionamiento seguras para la recarga nocturna y en nodos urbanos para vehículos de reparto.
Infraestructura de hidrógeno para vehículos. A partir de 2030, se desplegará una red de repostaje de hidrógeno con puntos de abastecimiento en todos los nodos urbanos y cada 200 kilómetros a lo largo de la red básica de la RTE-T, para atender tanto a turismos como a camiones.
Electrificación de puertos marítimos. En 2030, los puertos que reciban al menos 50 escalas de grandes buques de pasajeros o 100 escalas de buques portacontenedores deberán ofrecer electricidad en tierra para dichos buques.
Esta medida reducirá la huella de carbono del transporte marítimo y disminuirá significativamente la contaminación del aire en las áreas portuarias.
Electrificación de aeropuertos. Para 2025, todos los aeropuertos deberán proporcionar electricidad a las aeronaves estacionadas en todas las puertas de embarque, y para 2030, también en todos los puestos remotos.
Facilidades de pago en estaciones de recarga. Los operadores de las estaciones de recarga eléctrica y de hidrógeno deberán ofrecer un método de pago común y conveniente, como tarjetas de débito o crédito, garantizando total transparencia en los precios.
Con esta medida, se simplificará el proceso de pago y se eliminará la necesidad de utilizar aplicaciones diferentes para cada operador.
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